Desde el año 2005, ya suman más de 5.000 las operaciones que los escribanos españoles denunciaron como sospechosas.

El blanqueo de capitales, o como coloquialmente se lo llama ‘lavado de dinero’, es una de las grandes batallas que los profesionales del derecho dan día a día en el ejercicio de sus tareas. Escribanos, abogados, y profesionales de las ciencias económicas coinciden de modo permanente y armonioso en torno a que esta problemática conlleva uno de los flagelos más complejos de vencer.

Desde hace tiempo, los notarios que responden a la Unión Internacional del Notariado (UINL) se han comprometido fuertemente a luchar contra esta práctica que es moneda corriente en el mundo de las finanzas y que incluso en algunos casos cuenta con la penosa anuencia de organismos estatales.

Tras la noticia que exhibía grandes avances en la materia en Uruguay, ahora es el turno de los notarios españoles. A tal punto han mejorado el nivel de sus controles que desde 2005 -según cifras oficiales publicadas por el Consejo General del Notariado- han informado de 5.157 operaciones que presentaron indicios de delito. Esto supone un promedio de 396 al año.

Pero eso no es todo. En 2017 la cifra fue superior a la media ya que se registraron 544 casos que podrían estar relacionados con el blanqueo de capitales. En vistas del importante logro del notariado español el propio Consejo General del Notariado calificó al trabajo realizado como determinante.

Cabe recordar que en 2005 el Ministerio de Economía creó dentro de su órbita el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) desde el cual se remiten al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) las operaciones sospechosas, y posteriormente en 2007 creó el Órgano de Colaboración Tributaria.

El OCP por su parte, ha dado curso a más de 160.000 solicitudes de información desde 2005, de las cuales casi 20.000 fueron el año anterior.

Desde el Consejo General del Notariado explicaron que el OCP es la “principal estructura” de los notarios españoles para colaborar con las autoridades en combatir la delincuencia económica y la financiación del terrorismo, esta última una de las grandes amenazas que implica el lavado de dinero.

Según estadísticas oficiales, el trabajo del órgano de control consiste en el análisis y entrecruzamiento de datos, gracias a que las operaciones realizadas por los 2.800 notarios están parametrizadas y volcadas en el Índice Único Informatizado Notarial.

Comenzando 2018 las noticias en torno de la temática no se hicieron esperar y en Sudamérica dieron el puntapié inicial, sin embargo, los notarios españoles no son la excepción y en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la UINL y demás organismos internacionales ha dado muestras de un arduo trabajo que, dadas las nefastas consecuencias del lavado de dinero, no solo los favorece tierra adentro sino que representan un beneficio para la comunidad global.

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https://www.notarioslatinos.com/el-notariado-espanol-da-la-nota-y-presenta-grandes-avances-contra-el-lavado-de-activos/